Al desarrollar la Política Nacional del Medio Ambiente, teniendo en cuenta el principio de quien contamina paga, el legislador estableció en el art. 9° de la Ley No. 6.938/1981 medidas de naturaleza preventiva (ver, por ejemplo, los incisos I al IV y VI) y, conforme el inciso IX, medidas represivas, es decir, sanciones disciplinarias o compensatorias por no cumplir con las exigencias necesarias para la preservación o corrección de la degradación ambiental, ambas medidas preventivas y represivas se complementan para la protección del medio ambiente.

El día 30 de marzo de 1998 entró en vigor la Ley No. 9.605/1998, que dispone las sanciones penales y administrativas derivadas de conductas y actividades nocivas para el medio ambiente, la cual es conocida como Ley de Delitos Ambientales.

Hoy, como resultado de las acciones realizadas por el hombre a lo largo del tiempo y su interferencia negativa en el medio ambiente, se enfrenta el desafío de restaurar el equilibrio ecológico, fundamental para la preservación de la naturaleza tal como la conocemos.